En concreto, se dejan sin efecto la Resolución N° 68/2007 y su complementaria N° 547/2008, que regulaban los mínimos de faena y los procedimientos sancionatorios asociados.

La Resolución 68/2007, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner, estableció por primera vez un peso mínimo de faena con el objetivo de evitar la faena precoz de animales livianos, mejorar el rinde carnicero y garantizar estándares mínimos de calidad en el consumo interno. Originalmente se fijaron mínimos de 280 kilos de peso vivo para novillitos y vaquillonas, aunque se admitían algunas excepciones y se preveía una implementación gradual.

A medida que el mercado se fue adaptando, esos valores fueron modificándose hasta quedar establecidos en 322 kilos de peso vivo mínimo, equivalentes a 165 kilos de res con hueso al gancho.

La Resolución 547/2008 reforzó el marco normativo al establecer un procedimiento de fiscalización y sanción. Determinaba que los frigoríficos debían remitir semanalmente los registros de faena al sistema informático del entonces Ministerio de Agricultura y preveía penalidades —incluyendo multas y suspensión de la habilitación comercial— para aquellos operadores que faenaran animales por debajo del peso permitido.

Ambas normas formaban parte de una estrategia de intervención sobre la cadena de ganados y carnes, con el objetivo de controlar precios internos y aumentar el peso medio de faena, en un contexto de fuerte crecimiento del consumo doméstico.

Según se detalla en los considerandos de la resolución actual, esa normativa respondía a “una lógica de creciente intervención estatal en decisiones propias del ámbito privado” y generaba “incertidumbre normativa” que dificultaba la planificación del ciclo productivo.

“La regulación del peso mínimo de faena ya no resulta necesaria. Los productores cuentan hoy con los conocimientos técnicos, la experiencia y las herramientas de gestión adecuadas para determinar el momento óptimo de faena según sus propios objetivos productivos y comerciales”, sostiene la resolución firmada por el secretario Sergio Iraeta.

Si bien la norma rige desde enero de 2026, se establece un período de transición para que los distintos actores del sector —productores, frigoríficos y comercializadores— puedan adecuar sus procesos y planificar sus estrategias bajo el nuevo marco.

A su vez, los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a esa fecha seguirán su curso conforme a la legislación vigente en el momento en que se cometieron los hechos.

Repercusiones

Entre quienes apoyaron públicamente la eliminación del peso mínimo de faena se encuentra el coordinador de la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola, quien afirmó: "Esta medida va en línea con tener una cadena ganadera con menos regulaciones. Desde la Comisión de Carnes de la SRA apoyamos estas y otra medidas que sirvan para desburocratizar al sector. Creemos que la ganadería hoy atraviesa por una situación que podrá generar inversiones y más oferta tanto en el mercado interno como en el externo. Estas medidas van en ese sentido".

El apoyo de Odriozola era esperable ya que tal como afirmó el propio Federico Sturzenegger, la medida fue uno de los primeros pedidos de la SRA.

En un posteo en redes sociales, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: "La Resolución 98/25 avanza en la remoción de una interferencia en el mercado ganadero: la de peso mínimo de faena que era un buen ejemplo de ese tipo de distorsión indeseable. Si el productor elegía faenar con mayor kilaje al de la norma la restricción gubernamental era innecesaria, pero si encontraba conveniente hacerlo con un peso menor, no podía optimizar su producción".

En la misma línea que Odriozola, el presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) Fernando Herrera dijo que se trata de "una buena medida". "Es deseable que aumente el peso de faena y Argentina produzca más carne pero no debería ser a partir de prohibiciones o restricciones", afirmó ante la consulta de Clarín, y añadió: "Para toda la cadena es provechoso producir animales más pesados. El productor aumenta su productividad si con los mismos animales vende más kilos de carne y la industria mejora su eficiencia al trabajar con medias reses más pesadas, pero eso debería darse sin intervención para que sea algo genuino y que se sostenga en el tiempo".

Por su parte Leonardo Rafael, titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), se mostró más crítico con la decisión del Gobierno a pesar de coincidir con el objetivo de fondo que menciona Herrera, de faenar animales más pesados.

“Creo que en un presente va a beneficiar a la oferta, va a haber más oferta para faena”, dijo, pero advirtió que es “muy malo para la actividad”. “Nosotros teníamos que ir no solo a poner un estándar mínimo de faena sino que, en vez de liberarlo, subirlo. Hoy estamos en 165 kilos (peso res con hueso) y tendríamos que haber ido a 200, porque ya que no mejoramos el stock de cabezas tenemos que levantar los kilajes de los animales para poder abastecer al mercado interno y a la exportación”, dijo.

Rafael recordó que en los años 90 se faenaba animales de muy bajo kilaje -terneros recién destetados de 200 kilos- sin perjudicar a la actividad porque el stock alcanzaba a abastecer la demanda interna y la exportación manteniendo valores lógicos, pero dijo que en el presente la situación es muy diferente: “Hoy que venimos con una caída del stock ganadero de hace muchos años, que no se recompone, esto lo que va a hacer es que no produzcamos tantas cabezas de stock y tampoco vamos a levantar el kilaje de faena. Para mí, es muy malo para la actividad”.