Para esta campaña 2024/25, la Bolsa proyecta una recuperación, con una producción estimada en 50,2 millones de toneladas, pero todavía lejos del potencial productivo, estimado en 64,5 millones de toneladas "si se avanza en la mejora de los paquetes tecnológicos, se optimiza la fertilización, se ajustan las dosis de nitrógeno y fósforo, y se adopta siembra de calidad y aplicaciones variables de insumos", advirtió Costa.
“El desafío es cerrar las brechas tecnológicas entre los productores. Hoy, más del 30% de los establecimientos opera con un nivel tecnológico bajo o medio, y allí es donde está el margen de mejora”, indicó.
En paralelo, Costa puso el foco en el impacto de las políticas impositivas. Según los escenarios modelados por la Bolsa de Cereales, eliminar los derechos de exportación podría permitir un incremento de hasta 10,9 millones de toneladas en la producción de maíz para el ciclo 2026/27.
Este cambio no solo beneficiaría al sector agrícola: se proyecta que podría generar US$2410 millones adicionales en exportaciones de maíz y sorgo, y crear más de 41.000 empleos en toda la cadena.
No obstante, el economista advirtió que la demanda mundial de maíz muestra una tendencia a la desaceleración en la próxima década, lo que obligará a Argentina a enfocarse en mejorar su competitividad. Entre los principales desafíos identificados figuran la necesidad de una mayor eficiencia en el uso de insumos, la reducción de costos logísticos y la articulación público-privada para sostener una estrategia de largo plazo.
En el cierre, Costa dejó un mensaje claro: “Podemos hacer algo. El potencial está, pero para lograrlo es necesario un marco de políticas estables, incentivos claros y una apuesta decidida a la innovación en el campo”.
Ese mensaje lo retomaron en otros de los paneles del Congreso Maizar, especialmente en los promovidos por la Fundación Barbechando y los legisladores de distintos partidos políticos, que compartieron diagnósticos y propuestas.
Destacaron la necesidad de un nuevo marco normativo para los biocombustibles y la construcción de consensos entre el campo y el Congreso.
En el panel sobre biocombustibles, bajo el lema “Pasemos a la acción”, cámaras empresariales y legisladores de diferentes espacios coincidieron en un punto: la ley actual está agotada y es necesario redactar una nueva, moderna y adaptada a los desafíos actuales. En ese sentido, opinó el presidente de YPF, Horacio Marín, que habló durante casi una hora en el congreso de Maizar y alentó una normativa consensuada entre las petroleras, la agroindustria y las automotrices.
El reclamo fue unánime: precios previsibles, reglas claras y una autoridad de aplicación que no dependa de la Secretaría de Energía. Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, lo sintetizó así: “La normativa vigente castiga a la industria. Necesitamos un marco de libertad de comercio y que los precios los defina el mercado”.
En paralelo, el panel “¿El campo tiene voz y voto?”, organizado por el Comité Ejecutivo AgroBioIndustrial (CE ABI) -integrado por Aapresid, Acsoja, Argentrigo, ASA, Asagir, Barbechando, Coninagro, CREA, FADA y Maizar- dejó en claro que el diálogo entre el agro y los legisladores es fundamental. “Ser retaguardia técnica para informar al Congreso es nuestro rol”, expresó Rodolfo Rossi, presidente de Acsoja. En tanto, Carolina Bondolich, de FADA, insistió en que hay que combinar diagnóstico y soluciones.
Cámaras empresariales, técnicos y legisladores coincidieron en que la legislación vigente está agotada y es necesario construir una nueva norma que permita aprovechar el potencial del sector. “Donde haya maíz, puede haber industria. El bioetanol es una solución integral”, afirmó Víctor Accastello, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, al destacar la capacidad de agregar valor en origen, generar empleo y reducir emisiones.
En un panel que reunió a referentes de la agroindustria y la política, Jorge Freijoo, del Centro Azucarero Argentino, aportó datos concretos sobre los beneficios de los cortes obligatorios: “La superficie azucarera creció un 42% con la suba del corte. Pero la ley actual está agotada. Sólo se cumplió tres veces en los últimos 65 meses”.
Freijoo defendió la propuesta de caña de azúcar y maíz incluida en el proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas, mientras que desde el biodiesel, Víctor Castro, de la Cámara Argentina de Biocombustibles, enfatizó que “tenemos una ventaja ambiental que el mundo necesita, pero la normativa vigente la castiga”.
Durante el debate, Federico Martelli, de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, planteó una mirada estratégica: “El consumo energético seguirá creciendo. No nos podemos dar el lujo de tener plantas subutilizadas mientras importamos biocombustibles”, y llamó a legislar “una ley posible, que respete a quienes ya invirtieron y proyecte al país hacia adelante”. En la misma línea, Marcelo Kusznierz, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, advirtió que “reglamentar sin visión puede llevarnos a legislar contra el futuro”.
El cierre del panel dejó una pregunta clave: ¿cómo avanzar en una nueva legislación que dé previsibilidad y fomente la inversión? Más de veinte legisladores presentes coincidieron en que es urgente construir una hoja de ruta común. “Después de años de debate, no haber avanzado es frustrante”, expresó Roberto Mirabella.
“El poder legislativo es fundamental porque es el que define las reglas de juego”, afirmaron desde la ABI, un espacio creado hace más de dos años para construir puentes entre la agroindustria y el Congreso.
Ángeles Naveyra, presidenta de Barbechando, imaginó “un Instituto Pensar Agro ´a la criolla´, fortalecido y como verdadera retaguardia” y proyectó un Congreso “listo para defender al agro”.
La voz de los legisladores fue contundente sobre la necesidad de acuerdos básicos. Pablo Cervi (Eli-Neuquén) propuso mirar el ejemplo del sector petrolero: “Llegan con acuerdos construidos entre instituciones y allana el laburo del legislador”.
