El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) eliminó este miércoles un total de 61 regulaciones a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial (BO).

Entre las normativas derogadas, Sturzenegger puso especial foco en la Resolución 500/23, implementada durante la gestión de Diana Guillén al frente del SENASA, que exigía a los productores inscribirse en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE).

“Qué se le puede haber cruzado por la mente a la directora de SENASA de ese momento para obligar a nuestros productores a hacer este trámite, escapa mi capacidad de razonamiento o de imaginación”, ironizó el funcionario.

El ministro destacó que la decisión del organismo nacional responde al “rumbo de libertad” impulsado por el presidente Javier Milei y remarcó que el objetivo es reducir regulaciones para facilitar la producción sin lo que calificó como “trámites, vejaciones y extorsiones del Estado”.

Derogaron normativas que regulaban la sanidad vegetal, certificaciones y trámites administrativos.

Entre las resoluciones eliminadas se encuentran normativas del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCV), así como disposiciones de la Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV) y del propio SENASA, que regulaban aspectos sanitarios, fitosanitarios y administrativos para la producción agroindustrial.

Una de las medidas más recientes en ser derogadas es la Resolución 500/23, que exigía a los productores inscribirse en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE).

Esta norma, implementada en 2023 durante la gestión de Guillén al frente del SENASA, generó resistencia en sectores productivos, que la consideraban una carga burocrática innecesaria.

También se dejaron sin efecto regulaciones vinculadas al control de plagas, requisitos de certificación fitosanitaria y medidas de cuarentena en el comercio de productos agropecuarios.

El impacto de estas derogaciones alcanza a distintos sectores del agro. La eliminación de normativas sobre sanidad vegetal y certificaciones impacta sobre los productores de granos, frutas y hortalizas, quienes estaban sujetos a controles específicos para la exportación.

Asimismo, la anulación de regulaciones sobre cuarentena y protección fitosanitaria podría modificar los protocolos de importación y exportación de ciertos productos agrícolas, generando nuevas condiciones para la comercialización en mercados internacionales.

“Por suerte corren aires de libertad en nuestro país. Libertad para producir sin tantos trámites ni vejaciones ni extorsiones del Estado”, afirmó Sturzenegger.

Desde la asunción de la nueva conducción a fines de 2023, el SENASA se convirtió en uno de los organismos con mayor cantidad de trámites eliminados, en línea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno.

Según fuentes oficiales, muchas de las normativas derogadas estaban obsoletas o en desuso, mientras que otras imponían exigencias administrativas que los productores consideraban innecesarias.

La estrategia apunta a simplificar los procedimientos para el sector agropecuario y reducir costos burocráticos, en un contexto donde el Ejecutivo busca flexibilizar las regulaciones para fomentar la producción y el comercio.