La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) hizo 

pública “su profunda preocupación” por la reciente autorización oficial por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica  (ANMAT) de productos para la detección rápida de venta libre en farmacias. Si bien en la Resolución se realiza la salvedad de “el test sólo puede ser realizado por profesionales expertos”, desde la entidad destacaron que “nos vemos en la obligación de requerir (al ANMAT) precisiones respecto a la modalidad” en la que se “garantizará que dichas pruebas sean realizadas por profesionales 

competentes, ya que si no está establecido ese control, se puede incurrir en la pérdida de información epidemiológica fundamental para la toma de decisiones”. En esa misma línea se expresó esta mañana en declaraciones a Radio Líder, Paula Valentini,

presidenta del Centro de Bioquímicos del Distrito 9. 

 

Asimismo, se conoció que los mismos argumentos fueron apuntados en una carta documento enviada a dicho organismo ANMAT alertando que “se pondría en riesgo la salud pública por la alta 

probabilidad de eliminar material patógeno con residuos domiciliarios y, no menos importante se vería afectada la falta de trazabilidad del reactivo en caso de fallas por 

almacenamiento inadecuado”.

 

FABA advirtió que los test de venta libre en farmacias “tienen una 

sensibilidad menor que las pruebas de biología molecular, motivo por el cual sólo se 

deben realizar a personas sintomáticas ya que si hay escasa carga viral (detectable 

por PCR) aumenta la posibilidad de obtener un resultado falso negativo aun siendo portador del virus, lo que amplifica el riesgo de circulación y por lo tanto de nuevos 

contagios”. 

 

“Toda metodología rápida para la detección de antígenos virales de SARS-Cov-2 como así también anticuerpos anti SARS-Cov-2, debe realizarse siguiendo el 

protocolo vigente, en el contexto del sistema de salud, con personal capacitado, 

supervisión bioquímica y notificación epidemiológica al Sistema Nacional de 

Vigilancia según corresponda”, sostuvieron desde la Federación.

 

La entidad añadió en la carta dirigida al ANMAT que “según la legislación vigente, la condición de uso exclusivo para profesionales e instituciones sanitarias, 

corresponde a aquellos productos médicos que debido a su riesgo intrínseco, o en 

razón de su modo de uso, o a las medidas colaterales necesarias para su uso, no 

resultan seguros si no son utilizados por un profesional habilitado para utilizar dicho 

producto de acuerdo con sus incumbencias profesionales”.

 

Desde FABA se puso el acento en que “la venta en farmacias (de esos 

tests) interrumpe la cadena de trazabilidad que se origina en el ingreso del producto 

y finaliza con el resultado/atención del ciudadano/paciente. Esto es así ya que el 

ámbito de la farmacia no es el definido para la venta de productos/reactivos de uso 

profesional que no son de venta libre”. 

 

En la parte final de la carta documento enviada al ANMAT, la Federación 

Bioquímica puso de relieve que “consideramos que la mencionada autorización 

podría obstaculizar el control correcto y oportuno de la enfermedad COVID-19 y 

solicitamos sea revocada para garantizar los mecanismos de control responsable 

que se ejercen cuando las actividades las realizan los/las profesionales habilitados/

as por su título”. 

 

Un reclamo con impacto nacional. De la misma forma en que la Federación Bioquímica de la Provincia de 

Buenos Aires manifestó su preocupación, también lo hicieron el resto de las 

instituciones Bioquímicas de la República Argentina, considerando que “es inviable 

que la venta de estos productos pueda ser controlada debidamente para asegurar que quien lo adquiera, concurra de manera efectiva a un 

Laboratorio para realizarse la práctica”.

Por último, sentenciaron que “se deberían evitar los riesgos mencionados a partir de aprovechar la totalidad de la oferta profesional bioquímica que aportan los 

laboratorios de gestión privada, los que cumplen con la totalidad de las normativas 

vigentes y ofrecen a una porción mayoritaria de la población la cobertura de las prácticas contratadas a través de Obras Sociales y Pre-pagas, las que utilizan el 

recurso estatal para resolver las pruebas diagnósticas para Covid-19 de sus 

beneficiarios”.