La subDDI comenzó con una investigación de oficio. Hay nuevas filmaciones que permiten identificar a una docena de autos preparados y también a las personas que “promocionan” una actividad ilegal. El Código Penal establece penas de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.

Las picadas clandestinas se han transformado en el último tiempo en un grave problema que puede tener consecuencias trágicas sino se toman medidas a tiempo. Los autos lanzados a toda velocidad en medio del tránsito constituyen verdaderas bombas de tiempo capaces de activarse en cualquier momento. En este contexto, durante las noches y las madrugadas –particularmente los fines de semana-, distintos sectores de la ciudad -como la avenida Dorrego de 27 a 39 - se convierten en verdaderas pistas de autos, donde las picadas crecen al ritmo de la falta de controles que denuncian los propios vecinos, espectadores de lujo del descontrol absoluto. Quienes la protagonizan son generalmente adolescentes que se reúnen con su autos y motos, algunos preparados, y corren picadas, con los riesgos que esto conlleva para ellos y para las personas que, eventualmente, llegan para sólo observar como los vehículos pasan a gran velocidad en tramos de calles o avenidas que no superan los 500 o 600 metros. Mientras esto sucede y se repite, los vecinos expresaron a La Vanguardia su preocupación y pidieron más controles por parte del área de Tránsito de la Municipalidad y la policía comunal. Tras la publicación de La Vanguardia, en varios informes referidos a las picadas y sus potenciales consecuencias, desde la Dirección de Investigaciones, que conduce el subcomisario Maximiliano Blanco Río, se abrió una causa y se iniciaron actuaciones prevencionales caratuladas “s/ infracción, de acuerdo al artículo 193 bis del Código Penal”, en las que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Delitos Culposos a cargo del doctor Pablo Cistoldi, del Departamento Judicial de la ciudad de Mar del Plata.  Según pudo saber La Vanguardia, tras mantener reuniones con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, área con la que se analizó la problemática, la subDDI identificó los riesgos propios de la actividad y los que contraería realizar un operativo para interrumpir las picadas en flagrancia –en el momento en el que ocurren-, se consensuó un abordaje paulatino y menos riesgoso, por lo que, con la anuencia de la Fiscalía Descentralizada del doctor Rodolfo Moure, en cada uno de los lugares conocidos y denunciados por los vecinos se desplegaron en forma encubierta efectivos de la subDDI con el fin de obtener filmaciones e identificar a los vehículos involucrados y los responsables de las carreras. Participó en la pesquisa el Centro de Monitoreo Municipal y su aporte –aseguran las fuentes consultadas- fue determinante, ya que el área reubicó y reorientó algunas cámaras de seguridad para colaborar en la investigación, lográndose obtener secuencias fílmicas de valor probatorio en la causa. Además, se mencionó que con las tareas realizadas se pudo documentar legalmente la práctica de estas pruebas de velocidad, realizadas clandestinamente y sin ninguna medida precautoria, ni de seguridad antisiniestral, y sin la presencia de unidades sanitarias.

Ilegalidad y riesgos                                                                                                                                                                                            Estas personas, se explica, disputan en la vía pública carreras con vehículos motorizados y desarrollan competencias de destrezas (piruetas) y velocidad lo que atrae además aparejado una importante cantidad de espectadores que se colocan, también con vehículos propios, a lo largo del circuito por donde se realizan las pruebas. En esa zona circula el tránsito habitual del lugar, generándose así una verdadera situación de “peligro mortal” para los corredores, sus acompañantes, los circunstanciales transeúntes, espectadores y para los restantes conductores, ya que “indudablemente esta actividad derivará en incidentes viales con muy graves consecuencias para la vida y la integridad física de las personas”, se apunta en la descripción de los hechos denunciados.

Donde corren                                                                                                                                             

Dichos automotores y motovehículos convergen en primera instancia en el sector de la avenida San Martín, a la altura del hipermercado Carrefour, y de allí realizan las carreras en dirección a la ruta 226. Luego se trasladan en verdaderas caravanas hasta otros sectores de la ciudad, generalmente hacia la avenida Dorrego (40) entre sus perpendiculares de 27 a 31, sector en donde corren nuevamente picadas, recorriendo la ciudad sin respetar normas de tránsito y con una absoluta desaprensión por la vida. De las tareas realizadas, se estableció la filiación de una docena de conductores quienes fueron identificados con sus rodados y puestos ya a disposición de la justicia en el marco de dicha causa penal.

Abordaje                                                                                                                                                               

 Respecto de la manera en la que se intentará frenar esta actividad ilegal, trascendió que se resolvió este tipo de abordaje gradual de la problemática, que si bien insume mayor cantidad de tiempo, se valoró preservar la salud y la vida de los involucrados y los funcionarios públicos actuantes, en razón de que se consideró excesivo el riesgo de interceptar los rodados cuando están realizando las competencias, ya que los participantes de las mismas se encuentran permanentemente en alerta ante la presencia de móviles policiales. Explican los investigadores que al intentar aprehenderlos en situación de flagrancia, se generaría una fuga en “estampida” de los rodados involucrados en las carreras, incrementándose exponencialmente el peligro de colisión al huir del dispositivo de interceptación y se generarían accidentes fatales que fácilmente pueden evitarse procediéndose a realizar las diligencias con orden judicial y en situación controlada, como se ha realizado en esta causa, minimizándose los riesgos.

Penas                                                                                                                                                                Desde el año 2008, la Ley 26.362 modificó el Código Penal de la Nación, configurando a las picadas como un delito reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, al conductor que “creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”. La misma pena se aplica a quien organiza o promociona la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia.

Siniestros, no accidentes

El concepto de accidente obedece a un suceso que surge de manera inesperada, una naturaleza o una esencia que no le pertenece a una cosa o situación. La definición de siniestro se despega de esa supuesta inocencia o ingenuidad. Por eso, se estudia la tasa de mortalidad desde la definición del siniestro: atropellar a una persona a alta velocidad en un entorno urbano no vale como contingencia o eventualidad.

El exceso de velocidad y los casos mortales

Según un relevamiento oficial, en dos de cada diez siniestros fatales interactuaron un peatón, autos y algún tipo de transporte de pasajeros. El análisis vislumbra como causas los puntos ciegos y la dimensión del vehículo, y actúan como potenciadores del siniestro el exceso de velocidad, principal proveedor de casos mortales, y el rango etario: el 53% de las personas fallecidas en siniestros viales en 2018 tenía más de 55 años.