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Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 | 2843 Usuarios únicos

Sociedad

Despenalización del aborto: Iglesias católicas y evangélicas se pronunciaron en contra del proyecto
06-07-2018 “Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger a esa madre y a su hijo o hija, sin llegar a un aborto”, se indicó.
Es nuestro deseo estimular a todos a tomar conciencia real del proyecto aprobado en Diputados y en tratamiento en el Senado, en cuanto a la Interrupción voluntaria del embarazo. De manera sintética, planteamos las objeciones que merece la media sanción del Proyecto, que sobresalen a su simple lectura. Por un lado, en el art. 6, se establece la supuesta protección de los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional, en adopción de Tratados Internacionales –entre ellos “la vida”- . Supuesta protección, ya que hay una clara contradicción, porque no se puede resguardar o proteger la vida de un ser humano (mujer o persona gestante, según proyecto) a costa de eliminar la vida humana de otra persona, es decir la del niño/a por nacer. No hay derecho más superior que el derecho a la vida. Incluso por sobre la autonomía de la voluntad. Enarbolando la bandera de los derechos humanos, el prioritario debería ser el derecho a la vida, de la madre y del niño/a por nacer. Por otro lado, se propone que la mujer embarazada o persona gestante,  pueda acceder al aborto con su solo requerimiento, hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Es decir, que con un simple pedido, puede obtener la realización de esta práctica. Sumado a que el profesional interviniente tiene la obligación de realizarlo dentro del plazo de (5) días corridos. Pero nótese, que detrás del lapso de la “semana 14”, se esconde otra mentira a los efectos de lograr impunidad. Ya que en caso de aprobarse el Proyecto, se vería modificado el art. 88 del Código Penal, el cual establecería la posibilidad de llevar a cabo la práctica del aborto  desde  la semana quince (15) en adelante, con una pena mínima de (3) meses a (1) año de prisión, pero con la salvedad de que el Juez interviniente puede dejar sin efecto la misma, en atención a los “motivos que la impulsaron, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias”. A ello se le adiciona, que la tentativa en este caso no será punible. En otras palabras, no haría falta acreditar algún motivo grave o situación, porque la misma norma no lo exigiría, mucho menos un Juez.  Dentro del mencionado plazo de SOLO (5) días corridos que tendrán para responder, el establecimiento de salud debe garantizar atención, previa y posterior a la práctica, de carácter médica, social y psicológica.  Es, totalmente insuficiente, este plazo, para brindarle a la mujer la contención y la información necesarias que le posibiliten evaluar distintas alternativas, e incluso dar la posibilidad de que lleve adelante su embarazo, y posteriormente acepte a su bebe o en caso contrario darlo en adopción, ante condiciones adversas. Además esto generaría, en supuestos, colapso de los centros de salud. Otra mención merece las penas que sufrirán los profesionales médicos que se nieguen a llevar a cabo la práctica. Serán penados con prisión e inhabilitación por el doble del tiempo,la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto. No permitiéndose además la objeción institucional. Es decir, que un centro de salud manifieste la negativa a la práctica. Solo se permitiría la individual, manifestada previamente por escrito y plasmada en un registro que llevará la autoridad del establecimiento de salud, que además se adicionara a un registro jurisdiccional. Por lo que se buscaría con ello también una especie de persecución al profesional objetor. Asimismo se establece la gratuidad del aborto. Ya que sería obligación de todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales, incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo, las cuales quedarán comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO),  como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Es llamativo este punto, porque si se piensa la cantidad de enfermedades y/o problemas de salud severos que se sufren en nuestra Nación, agregado a que en muchos supuestos se debe desembolsar por parte del pacientegrandes cantidades de dinero  en medicamentos y/o tratamientos que en ocasiones hacen a su subsistencia. Sin mencionar la falta de un adecuado sistema de salud o acceso más simple a sectores vulnerables, es totalmente incoherente querer imponer la gratuidad del aborto. Vale aclarar, que nada es gratis. Sino que seremos los ciudadanos los que deberemos afrontar estos gastos, para así garantizar la gratuidad. Hemos expuesto muy brevemente los principales puntos del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los cuales rechazamos ya que van en contra de lo más elemental que tenemos como seres humanos, el derecho a la vida. Reconocida desde la concepción por nuestra legislación, y la ciencia, es por ello que manifestamos: No hay derecho más superior ni fundamental que el derecho a la vida, y por eso sostenemos que debe ser defendido en toda circunstancia. Así mismo, entendemos que, es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger a esa madre y a su hijo o hija, a través de la educación, acompañamiento, sostén, espacios de escucha y cuidados de la salud de ambos, sinllegar a un aborto, con todos los trastornos físicos, psíquicos y/o psicológicos que conlleva. Creemos en la vida desde su concepción,como lo establece nuestra Constitución Nacional y como lo ha receptado la ciencia,y que los derechos de la mujer también deben considerar los derechos del niño o niña por nacer.
Legalizar el aborto no asegura la disminución de muertes maternas, lo único que puede asegurar es la muerte a un ser indefenso.Está comprobado en países donde se ha legalizado, que no se logró bajar los índices, por el contrario, han aumentado. Ejemplo de ello es Uruguay, y países como Francia y Estados Unidos, que hoy ven la posibilidad de dar marcha atrás.
 Exigimos un mejoramiento del sistema de salud, que asegure a las mujeres atención obstétrica de emergencia, el acceso al control prenatal temprano, el acceso a la atención profesional del parto por equipo obstétrico calificado y todo tratamiento imprescindible. Exigimos por leyes que faciliten y agilicen trámites de adopción.













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