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Sociedad

Exclusivo: Investigan a beneficiarios de pensiones por discapacidad truchas

13.05.2018 | Lo confirmó en una entrevista con La Vanguardia el balcarceño Matías Pastorino, asesor legal regional de ANSES. Hay abogados detenidos y médicos procesados. La estafa superaría los 100 millones de pesos.


El avance de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N° 2 del doctor Nicolás Czizik puede tener alto impacto en la opinión pública local en las próximas semanas. Es que aparecen en la causa balcarceños que, eventualmente, podrían ser cómplices de una estafa que podría superar los 100 millones de pesos. Para la justicia se está en presencia de una organización delictiva casi sin precedentes que, operando desde Mar del Plata, cometió una estafa durante años en esa ciudad, Balcarce y distritos de la zona. En este contexto, cuatro abogados, reconocidos en el ambiente de gestiones previsionales, quedaron detenidos por defraudación al Estado mediante la tramitación irregular de jubilaciones, casos que implicarían una suma sideral que, incluso, podría verse superada en la medida que se analicen y confirmen más expedientes que son parte de la pesquisa. Los delitos que se les imputa son defraudación contra la administración pública, cohecho, falsificaciones y asociación ilícita. El balcarceño Matías Pastorino, asesor legal regional de la Administración Nacional de Servicios Sociales, organismo responsable de tramites previsionales, aseguró en una entrevista con La Vanguardia que en su carácter de representante de ANSES, junto a la AFIP y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo realizaron la denuncia ante la justicia a partir de “datos muy claros” sobre irregularidades en la gestión y otorgamiento de beneficios previsionales. Según le contó Pastorino a este diario este grupo de abogados iniciaban gestiones de pensiones y retiros por invalidez sustentados en documentación y situaciones apócrifas. “Estamos en presencia de una causa muy grande que está teniendo derivaciones impensadas. Además de los detenidos, hay cuatro personas imputadas que han sido llamadas a indagatoria. Son María Gabriela Iroz, Daniel Alberto Nicolás –sería quien habría hecho las cargas -, la abogada Roxana Arata y un médico, José Ricardo Cariyuli”, indicó.

Operatoria                                                                                                                        Pastorino fue contundente al afirmar que la maniobra es una estafa producto de una asociación ilícita y una defraudación al Estado Nacional. “Para consumar la estafa vinculada con los retiros transitorios por invalidez, esta gente conseguía datos de personas físicas o jurídicas y les hacían declaraciones juradas extemporáneas ante el sistema de AFIP denunciando que esas mismas personas habían sido empleados de empresas con salarios que iban de los 40 a los 100 mil pesos. Esto hacía que cuando pedían los retiros voluntarios los montos que se pagaban eran también muy altos. Así, detectamos empleados de negocios muy chicos que tenían haberes altísimos. Es como que un empleado de un kiosco, por ejemplo, tenga un sueldo promedio de 60 mil pesos; imposible. La otra pata es las coimas que aparentemente pagaba esta organización a los médicos que hacían pasar a personas sanas con una invalidez por encima del 66 %”. Y agregó: “los beneficiarios son de Mar del Plata, Balcarce y la zona. Ahora la justicia apunta a las personas que solicitaron esos beneficios y que dijeron que trabajaron en empresas a las que nunca fueron ni tienen vinculación, por eso me inclino a pensar que son cómplices y no víctimas. Ya detectamos 130 beneficios otorgados que son totalmente truchos y hasta se comprobó que uno de los abogados –Balbuena- cobrara una pensión de 60 mil pesos cuando no tiene ningún tipo de discapacidad”, explicó Pastorino. Ahora, según el abogado, se está tras los pasos de balcarceños que accedieron  a ser parte de esta operatoria y que cobraban un haber indebido.  “Cuando los identifiquemos, los vamos a denunciar penalmente y vamos a inhibirlos y a pedir que devuelvan todo lo que cobraron durante todos estos años a través de recuperos judiciales”, adelantó Pastorino.  

La causa                                                                                                                El Juzgado Federal N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, fue el que autorizó una docena de allanamientos que ejecutó personal de Prefectura Naval Argentina, medida que permitió hacerse de material probatorio que podría ser determinante para esclarecer el caso y definir sus responsables. Además, del estudio jurídico se allanaron domicilios particulares de los detenidos y de médicos que podrían estar involucrados. Pastorino cree que la inmediatez de esa medida fue clave para poder encontrar documentación muy importante para probar la maniobra defraudatoria.  

Estafa                                                                                                                                Pastorino, asimismo, en la entrevista con La Vanguardia afirmó que la mayoría de estos trámites tenían que ver con aportantes al sistema que declaraban grados de incapacidad muy superiores a los que podrían padecer, lo que les permitía acceder a pagos y beneficios que no les correspondían o muy superiores a los que se les podrían haber otorgado con una verificación más eficaz de los datos. El asesor legal de ANSES además anticipó que son investigadas cerca de 350 personas. Por otra parte, investigadores creen que hubo profesionales de la salud realizando certificados por invalidez de personas que “anteriormente se les había denegado por no tener ninguna problemática”. “Hubo casos de personas que manifestaban tener una enfermedad crónica y al renovar su tramitación se les informaba que no padecía nada“, detallaron fuentes del caso.

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