El arranque del 2018 ofreció el escenario más duro y vidrioso en el que tuvo que gobernar Cambiemos. La seguidilla de robos y asaltos y las fallas en el sistema de seguridad  elevaron el nivel de alerta a su punto máximo. El escándalo en el Centro de Monitoreo, el bajo nivel de hechos esclarecidos, y las resoluciones incomprensibles de jueces hipergarantistas formados en la doctrina Zafaroni, conformaron un combo explosivo y de alto voltaje político. En las varias reuniones que tuvo el jefe comunal con los jefes policiales escuchaba en silencio y asentía con su cabeza, pero no estaba conforme. Quería resultados. Por eso desplazó a cuatro empleados del COM responsables de no haber dado aviso a las fuerzas de seguridad de un asalto que quedó grabado en tiempo real –a la familia Mateos-, ordenó antes un operativo que no registra antecedentes en la ciudad contra el juego ilegal, y apuró las gestiones para que la Gendarmería y la Policía Federal se sumen a patrullar las calles de la ciudad, en colaboración con la Policía Comunal. Cerca del intendente, y aunque no lo revelen públicamente, creen que muchos de los hechos de inseguridad que ocurrieron en el comienzo de este año tienen que ver con una suerte de reacción frente a la decisión de enfrentar algunos de los nichos que la delincuencia mantenía desde hacía años en Balcarce, acaso como lo hizo la gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia. Un funcionario lo definió así: “fue como patear un hormiguero”, sentenció. Sin embargo, el problema de la inseguridad es mucho más complejo y está atravesado por tantas otras variables que lo hacen muchas veces difícil de controlar. Pero como todos los intendentes, Reino maneja información sensible y calificada que, en este contexto, lo obliga a actuar. Es que la sola presunción de que algún efectivo de las fuerzas de seguridad –Comunal, Patrulla Rural o DDI- podría tener algún tipo de vínculo con el delito, liberando zonas o pasando información anticipada de los procedimientos que se realizan, constituyen un hecho grave que debe resolverse con decisión política y con las herramientas que la propia ley establece. Por eso –cuentan- en las últimas horas el jefe comunal no dudó en tomar el teléfono de sus despacho para comunicarse con las más altas esferas del Ministerio de Seguridad de la provincia de  Buenos Aires para trasladar su preocupación y para, inmediatamente después, con el respaldo político necesario, solicitar la intervención de Asuntos Internos, una dirección que depende del Ministerio que conduce Cristian Ritondo donde se pueden denunciar todas las conductas del personal policial que puedan constituir faltas éticas, abusos funcionales graves y violaciones de derechos.  La Auditoría General de Asuntos internos es un organismo de control que se encarga de investigar las posibles faltas y denuncias. La decisión estaba tomada.

La nota completa en la edición impresa.