En sintonía con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aunque con cierto gesto de anticipación, el intendente municipal Esteban Reino ordenó optimizar y reducir los gastos de la planta política de la Comuna. Pidió achicar las erogaciones destinadas a la compra de combustibles –no afectando los vehículos de los funcionarios-, pago corporativo de celulares y viáticos. Paralelamente, trató de evitar la creación de nuevos cargos políticos. En esa línea, el jefe comunal decidió colocar en algunos de esos cargos políticos a empleados de planta, con lo cual se ahorró de pagar nuevos sueldos, como ocurrió con la dirección de Nocturnidad, Plazas y Paseos, Concesiones, Obras Privadas y Recursos Humanos, entre otros.  Además, pidió hacer un seguimiento minucioso de los gastos corrientes de las distintas áreas para identificar posibles fugas innecesarias de recursos. En la actualidad hay 20 cargos políticos, contando el de intendente, cuatro secretarios, cinco subsecretarios, y ocho direcciones. En promedio, cada funcionario cobra entre 30 y 45 mil pesos por mes, con lo cual la Municipalidad desembolsa en promedio por mes, 480 mil pesos, y un total de 9 millones al año aproximadamente si se tiene en cuenta la totalidad de los cargos. Por otra parte, el Concejo Deliberante tiene un presupuesto proyectado de $ 19.500.000, aunque reconocen en el gobierno que la mayor parte se va en sueldos. Los concejales cobran entre 30 y 40 mil pesos por mes –varia por la antigüedad-. Es decir que cada concejal le cuesta al Municipio 450 mil pesos al año, y más de 8 millones por año tomando la totalidad del cuerpo. Un tema aparte es el Hospital Municipal –en cargos políticos paga $ 160.000 por mes por tres cargos- que tiene un presupuesto de $ 299.000.000, de los cuales 235.750.000 lo aporta la Municipalidad. En este sentido, la Comuna prevé para el ejercicio 2018 un presupuesto de $ 617.300.000. Todos los meses, el secretario de Hacienda, Francisco Ridao, debe tener en la cuenta 35 millones para pagar la totalidad de los sueldos –entre empleados, funcionarios, y concejales-. Sobre si habrá más reformas del gasto político como pidió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –ver aparte-, fuentes de la Secretaría de Hacienda explicaron que “en el caso de la Comuna de Balcarce lo comenzó a hacer desde que asumió la gestión de Cambiemos reduciendo cargos del organigrama, cerrando “canillas” que estaban abiertas sin sentido  y optimizando los recursos disponibles que permitan también, en el global de gastos, achicar el déficit. En este sentido mencionan que se lo fue haciendo, aunque el desarrollo de esa variable frente a la economía municipal –que no escapa a lo que sucede a nivel país- ha sido lento”.  Por otra parte, el Municipio arrastra un déficit de dos millones de pesos mensuales.

El gasto político                                                                                                                    María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pidió una baja de 150 funcionarios políticos de la gobernación bonaerense para ahorrar $ 500 millones en el próximo presupuesto. El recorte es un gesto frente a otros ajustes mayores que ordenó: 2500 millones que le exigió recortar a la Legislatura, más una reforma propuesta a la ley de jubilaciones y pensiones de privilegio. El recorte de funcionarios políticos del Ejecutivo no es sólo un gesto hacia los poderes Legislativo y Judicial, a los que les pide un esfuerzo en disminuir privilegios y excesos. También es una señal hacia los miles de contribuyentes que en 2018 recibirán un revalúo del impuesto inmobiliario. Vidal elaboró la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones de privilegio, que hoy alcanza a los cargos de gobernador, vicegobernador, funcionarios de los organismos descentralizados, legisladores y magistrados. En principio, la reforma alcanzará a los cargos políticos, que hoy pueden jubilarse con 55 años de edad y 30 años de servicios. En cambio, la mayoría de los 600.000 empleados públicos deben reunir un mínimo de 60 años y 35 de servicio para poder acceder a la jubilación. Mientras envía un proyecto de ley para limitar los privilegios jubilatorios de los funcionarios, la gobernadora pidió a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Manuel Mosca y Daniel Salvador, respectivamente, que achiquen el presupuesto de la Legislatura, que este año superó los $ 6000 millones. La orden es ahorrar 2500 millones mediante una reforma de la ley que ata el presupuesto de la Legislatura al general de la provincia. Esa norma permite al Parlamento gastar el 1,5% del total de los gastos previsto en la provincia cada año. La idea es fijar entre el 1 y el 1,2% ese índice. Además, Vidal instará a los legisladores a hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes. Son 92 diputados y 46 senadores que disponen en promedio de unos $ 500.000 mensuales entre sueldos, asesores, módulos, viáticos y subsidios. En el caso de los concejales, como en Balcarce, las declaraciones juradas se presentan, aunque no son públicas y pueden ser entregadas sólo a requerimiento de la justicia en el marco de un pedido formal.

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