Finalmente la causa donde se investigan los contratos fantasmas que se cobraban en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con identidades que tomaban de beneficiarios de planes sociales fue elevada a juicio oral, por pedido del fiscal Rodolfo Moure. A las personas, víctimas de esta operatoria, las hacían pasar como empleados de la legislatura con sueldos de entre 30 y 40 mil pesos. La causa gira en torno a la investigación que inició La Vanguardia a comienzos de 2016, y avanza sobre una maniobra de estafa que –contando sólo los casos de Balcarce identificados- alcanza a los $ 915.000 cuyo destino por ahora es incierto. Teniendo en cuenta el avance de la investigación, el fiscal Moure citó a indagatoria al principal imputado en la causa;  Néstor Aldo Felgueiras, empleado de la Cámara de Diputados, de 62 años, está acusado de intentar sobornar con 10 mil pesos a la mujer  que formuló la primera denuncia. Se negó a declarar cuando concurrió a los tribunales de Mar del Plata. Pero el fiscal Rodolfo Moure llamó también a indagatoria a una de las personas que figuran en la lista de víctimas de esta operatoria orquestada gracias a la protección política que se dio en su momento y que, con la llegada del nuevo gobierno, quedó al descubierto. Esta persona –cuya identidad por el momento se mantiene en reserva- contó detalles hasta ahora desconocidos para la justicia. Dijo que desconocía esta estafa, vinculó a un balcarceño que vive en La Plata y que podría tener relación con un estudio contable desde donde se orquestó la maniobra que involucraría a diputados bonaerenses y dijo que esa misma persona le solicitó datos personales de vecinos a las que le ofrecían $ 500 en efectivo y una cobertura de salud a través de una obra social (IOMA) que recibían después de confirmarse su ingreso como empleados de la Cámara, aunque este último dato, la mayoría de las víctimas, lo desconocían.  Cuando la olla se destapó, Felgueiras fue el emisario y el encargado de resolver esta cuestión en Balcarce, cuestión que luego derivó en su detención cuando quiso sobornar a una mujer –víctima de la operatoria- ofreciéndole 10 mil pesos para que retire la denuncia.  Tras el cierre de la instrucción, el fiscal Rodolfo Moure, decidió ahora elevar la causa a juicio oral, lo que constituye un avance significativo y concluyente de la investigación. La requisitoria del fiscal se presentó el lunes en el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Daniel Demarco, quien ahora le tiene que dar traslado a la defensa de los acusados por 15 días para que se opongan y después resolverá. Los imputados son Néstor Aldo Felgueiras, Jorge Javier Maureira y Luciano Cerdán.

Sobre los hechos. Respecto de los acontecimientos, para el fiscal está comprobado el ingreso irregular de personas como empleadas de la Legislatura, sin que ninguna de ellas tuviera conocimiento. “Para ello, él o los sujetos responsables de las maniobras defraudatorias contra el Estado provincial habrían contado con la participación necesaria de los tres imputados en diferentes roles de la trama, según describe el fiscal. “Las maniobras defraudatorias realizadas en forma continuada en el tiempo, más precisamente desde el mes de febrero a mayo del año 2016, le produjeron al estado provincial un perjuicio económico estimado en la suma de $ 915.940,00, dinero que deba ser destinado a la contratación de personal para el cuerpo legislativo provincial y que fuera desviado a las arcas personales de los sujetos involucrados”.

Calificación. Respecto de la calificación de la estafa, Moure entiende que se cometió una defraudación en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos, en concurso ideal (arts. 174 inciso 5 y 260 del Código Penal) y coacción. El fiscal solicitó se disponga  la elevación a juicio de la presente causa que había anticipado este diario, debiendo remitirse las actuaciones a conocimiento del Juzgado en lo Correccional que corresponda”, señala. Por este delito que se los acusa, los imputados podrían recibir una pena que va de 1 a 6 años de cárcel.