Revés judicial: un juez pide investigar a un funcionario de Reino por falso testimonio
La decisión  se conoció en las últimas horas. Es por la información que aportó durante un operativo de las fuerzas de seguridad. En la causa también hay dos efectivos policiales procesados por violencia institucional.
El 24 de junio de 2016, poco antes de la medianoche, la familia Dafonseca sufrió un violento asalto en su vivienda de calle 4, entre 19 y 21. Los delincuentes ingresaron por el patio, fueron hasta un departamento y asaltaron a Fernando Dafonseca, a quien le provocaron una herida en la cabeza por un golpe con el revólver. Luego entraron a la casa principal y allí arremetieron contra José María Dafonseca y Felizmina Dafonseca de 80 años a quienes ataron y amenazaron para que entreguen el dinero. A la mujer le apuntaron varias veces en la cabeza y al hombre lo tenían en el piso. Uno de los delincuentes tomó dos cuchillos y los ubicó cruzados en la hornalla de la cocina. La policía, en un operativo coordinado por el entonces jefe de Policía, subcomisario Miguel Leguizamón, rodeó la manzana y logró aprehender a uno de los sujetos en fuga, mientras que el restante fue encontrado escondido en una precaria vivienda de 29 y 2, ambos con antecedentes penales, quienes fueron trasladados al Penal de Batán.  Los dos aprehendidos fueron acusados del delito de robo calificado, privación ilegal de la libertad, y portación ilegal de arma de guerra. El menor de los detenidos recuperó la libertad, mientras que el restante de 28 siguió preso –sólo por la tenencia de arma- y luego también logró la excarcelación, momento en que le dio impulso a una denuncia contra efectivos de la policía local por apremios ilegales y a quienes acusa de haberlo golpeado salvajemente en el instante de la aprehensión, además de desconocer el origen del arma calibre 38 que dice la policía llevaba en su cintura en el momento de ser detenido por las fuerzas de seguridad. “Me la pusieron, no es mía”, es lo que argumentó el detenido cuando lo indagaron. Por esta denuncia, el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, a cargo del doctor Saúl Errandonea, investiga a la policía local para deslindar responsabilidades sobre las acusaciones del detenido quien tiene antecedentes penales anteriores, mayormente por delitos contra la propiedad.  Ahora, fuentes judiciales confirmaron que la causa literalmente “se cayó” y que el juez procesó a los dos policías por los apremios ilegales y les tomó declaración indagatoria en una causa por “vejaciones y lesiones leves en concurso ideal”. Paralelamente un expediente conteniendo un informe detallado llegó a la oficina de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que inició  actuaciones en el marco de una causa por “violencia institucional”. Tras las denuncias y la confirmación de una serie de irregularidades la causa en contra de la persona que fue detenida tras el asalto literalmente se cayó y no hay ningún detenido, por lo que el hecho para la justicia está impune y sin responsables.  
Revés judicial                                                                                                                                   Pero el juez Errandonea, ahora, fue más allá y pide investigar, además de los policías, al subsecretario de Protección Ciudadana, Julio Alejandro López, por el delito de falso testimonio que tiene una pena de un mes a un año de prisión, y de hasta 10 años de prisión cuando la persona miente perjudicando al imputado. Cabe recordar que a López se lo criticó fuertemente en aquel momento por haber sido uno de los testigos que aportó la policía para justificar el trámite del procedimiento y la detención de  dos personas que, en ese contexto, se dijo, eran los autores del asalto a la familia Dafonseca.
El fallo                                                                                                                                                Según información a la que accedió La Vanguardia, el fallo del juez no hace lugar a la nulidad del acta de procedimiento (el juez convalida la formalidad no el contenido) y sobresee a los dos involucrados en la causa, uno de los cuales denunció apremios ilegales. “Lo manifestado por el imputado encuentra corroboración con los testimonios de dos personas (se preservan los nombres) que lo ubican en otro sitio en el momento del asalto. Llama la atención de este juzgado –dice el fallo de Errandonea- la testigo de la aprehensión de uno de los imputados, resultó ser esposa de un sargento que participó del operativo y que casualmente transitaba por el lugar de madrugada.  Otro dato que resalta la atención –señala el juez- que la mencionada no pudo recordar ni las características físicas ni la vestimenta del aprehendido. Llegados a esta instancia, sin perjuicio que corresponderá se investigue el relato mendaz plasmado por personal policial en el acta de fs1/4, lo cual podría constituir una falsedad ideológica de instrumento público lo declarado por los funcionarios intervinientes al respecto y los testigos de actuación”. Aquí el magistrado menciona a la mujer y a Julio Alejandro López, subsecretario de Protección Ciudadana “en tanto continúa en trámite la causa por apremios ilegales donde se encuentran imputados los agentes del orden que participaron de aquel procedimiento. Lo cierto es que procesalmente, dichas piezas carecen de valor convictivo para acreditar la participación de los encartados en autos”, es decir las dos personas detenidas tras aquella persecución.