La Asociación Judicial Bonaerense analiza impulsar un pedido de jury al juez de Paz local, el doctor Ricardo Crotto.  Según información exclusiva a la que accedió La Vanguardia, un informe de la Oficina de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de Justicia es el fundamento que sustenta la solicitud. Mariano Fernández, secretario general de la AJB, explicó a este diario los alcances de la situación que se denunció y que está relacionada con el funcionamiento del Juzgado local. “Le dimos intervención a la Oficina de Resolución de Conflictos de la Corte porque había claramente cuestiones de desorganización, de excesivo control pero en un sentido negativo, es decir donde hubo persecución gremial y situaciones en las que el actual magistrado, el doctor Ricardo Crotto,  tiene responsabilidad. Esto nos llevó a dar intervención a esta oficina que verificó que hay problemas en el Juzgado que excede a las relaciones interpersonales, detalló que hay cuestiones funcionales que son achacables, recriminables o reprochables al magistrado.  El informe es lapidario. Entre otras cosas, verificó que hay expedientes sin resolución del 2010, 2011, y 2012, con el consecuente pedido de los abogados que intervenían en esas causas solicitando un “pronto despacho” que técnicamente implica que el juez resuelva y dicte sentencia. Eso verificó la Corte, y el presidente del Tribunal, incluso, mandó esas actuaciones a la oficina de control judicial puntualizando el atraso de las sentencias que tiene el doctor Crotto y ordenó hacer un sumario administrativo”, explicó Fernández.

-¿Cuáles son los fundamentos del informe? -Lo que se plantea como irregular es la falta de criterio de organización del trabajo. También habla de falta de criterios técnicos en cuanto a la resolución de determinado conflicto que se judicializa, es decir, cada Juez tiene una línea de pensamiento jurídico en torno a cómo se tienen que resolver determinadas cuestiones que se plasman en un expediente. Por otro lado, también se le achaca que esa desorganización produce que, en el curso del proceso, haya disfuncionalidades que afectan el curso normal de un juicio. Eso genera demoras y la “frutilla del postre” es que, encima, está demorado por todas esas irregularidades por lo que el expediente termina literalmente cajoneado.  En algunos casos el informe puntualiza el término de días hábiles del atraso que tiene el Juez en el dictado de sentencia y en esos casos indica que es de 900 días hábiles, lo que consideramos un despropósito.

-¿Qué tipo de sanción le puede caber al Juez? -Dentro de nuestro régimen disciplinario tenemos sanciones que son correctivas, que implican aplicarle una sanción disciplinaria, pero no la destitución, y otras que son exonerativas que parten del juicio para destituirlo, en lo que es un jury de enjuiciamiento.

-¿Esta última es una posibilidad concreta? -Es una posibilidad, claro, porque el atraso en la resolución de los expedientes es una causa grave según la Constitución de la provincia de Buenos Aires y también es una demostración concreta de donde está el problema de la justicia. Porque hoy está en boga decir que lo judiciales tenemos determinados privilegios por la feria judicial, por la jornada laboral, pero hay que subrayar que quien tiene la responsabilidad y la facultad de imprimirle mayor velocidad a un juicio o “cajonearlo” es el magistrado, es decir el juez. Los legisladores tienen que apuntar al control de la actividad de los jueces, los fiscales, los defensores y no darle la espalda a los derechos de los trabajadores de la justicia que vienen marcando estas irregularidades.

-¿El pedido del jury lo puede impulsar la asociación judicial?-Lo puede hacer la asociación, lo puede hacer el Colegio de Abogados que también manifestó su preocupación por estos atrasos (esto está en el informe, donde hacen referencia a que el Colegio también hizo llegar su malestar por esta situación) y lo puede hacer cualquier ciudadano. Yo lo que creo que acá,  nobleza obliga, hay legisladores que ponen el foco en los trabajadores judiciales y son ellos los que en el Consejo de la Magistratura levantan la mano y designan a un magistrado. Ellos tendrían que ser los primeros en escribir un pedido de destitución del juez que ellos mismos nombraron y que no cumple con la ley.

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