Política
Es por un procedimiento realizado tras un robo. Uno de los detenidos apareció con el rostro desfigurado y acusó a la policía. Polémica intervención de un funcionario municipal.
El 24 de junio de este año, poco antes de la medianoche, la familia Dafonseca vivió una noche de furia y de terror. Fue cuando cuatro delincuentes rompieron un alambre e ingresaron con fines de robo a la casa que habitan, ubicada en calle 4, entre 19 y 21. Lo hicieron por la parte del patio, fueron hasta un departamento y asaltaron a Fernando Dafonseca, a quien le provocaron una herida en la cabeza por un golpe con el revólver. Luego fueron hasta la casa principal y allí arremetieron contra José María Dafonseca y Felizmina Dafonseca de 80 años a quienes ataron y amenazaron para que entreguen el dinero. A la mujer le apuntaron varias veces en la cabeza y al hombre lo tenían en el piso. Uno de los delincuentes tomó dos cuchillos y los ubicó cruzados en la hornalla de la cocina. “Creo que lo hicieron para amedrentarnos, no sé qué estarían dispuestos a hacer”, le dijo todavía conmovido Dafonseca a La Vanguardia horas después. Y agregó: “no tendrían más de 30 años, pero por momentos se ponían muy nerviosos y violentos. Sólo querían plata”, recordó. Ante el inminente arribo de la policía, los delincuentes escaparon del lugar, aunque al verse acorralados por las fuerzas de seguridad se descartaron del bolso en el que llevaban joyas, un arma de fuego, 2.500 dólares y 5.000 pesos en efectivo. La policía, en un operativo coordinado por el entonces jefe de Policía, subcomisario Miguel Leguizamón, rodeó la manzana y logró aprehender a uno de los sujetos en fuga, mientras que el restante fue encontrado escondido en una precaria vivienda de 29 y 2, ambos con antecedentes penales, quienes fueron trasladados al Penal de Batán. Los dos aprehendidos fueron acusados del delito de robo calificado, privación ilegal de la libertad, y portación ilegal de arma de guerra. El menor de los detenidos recuperó la libertad, mientras que el restante de 28 años aún permanece preso –sólo por la tenencia de arma- y es quien le dio impulso a una denuncia contra efectivos de la policía local por apremios ilegales y a quienes acusa de haberlo golpeado salvajemente en el momento de la aprehensión, además de desconocer el origen del arma calibre 38 que dice la policía llevaba en su cintura en el momento de ser detenido por las fuerzas de seguridad. “Me la pusieron, no es mía”, es lo que dicen argumentó el detenido cuando lo indagaron. Por esta denuncia, el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, a cargo del doctor Saúl Errandonea, investiga a la policía local para deslindar responsabilidades sobre las acusaciones del detenido quien tiene antecedentes penales anteriores, mayormente por delitos contra la propiedad. Si bien la tarea de la policía fue providencial aquella noche para cercar el lugar, montar el denominado operativo cerrojo, y detener a las dos personas que escapaban a pie del lugar, los investigadores no desconocen que pudieron existir excesos frente a lo que fue el procedimiento que ahora está bajo la lupa de la justicia. Otro elemento curioso que aparece, aunque no debidamente explicitado en la causa, es el destino del dinero sustraído que sólo se recuperó en parte. Si el dinero -que dicen falta- estaba efectivamente en la mochila que encontró la policía hay dos opciones: o los delincuentes lo tomaron antes de abandonar la mochila, o alguien lo retiró cuando la dejaron en una esquina en medio de la persecución. Esta es una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta.
Apuntan a un funcionario. Si bien la Cámara de Apelaciones confirmó en la última semana la prisión preventiva del único detenido por el hecho, -aunque está preso por la tenencia de arma de guerra, ya que la familia víctima del robo no lo pudo reconocer como uno de los autores-, muchos cuestionan que el testigo del hallazgo y secuestro del arma haya sido el propio subsecretario de Protección Ciudadana Julio Alejandro López. Por esta situación, registrada incluso en el expediente al que tuvo acceso La Vanguardia, la defensa del acusado del hecho pidió la nulidad de lo actuado. El caso, que primero estuvo en poder de la Fiscalía de Delitos en Flagrancia, desde julio está en manos del fiscal Rodolfo Moure, de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce. “Para muchos es una cuestión ética, pero legal, pero un funcionario o un representante del poder judicial no pueden ser testigos en un procedimiento por la sencilla razón de ser parte o tener algún tipo de responsabilidad –primaria o secundaria- sobre esa determinada actuación”, indicó una fuente consultada al respecto.
La defensa. El doctor Gonzalo La Menza es el abogado defensor del joven que, si bien sigue detenido por la tenencia de arma de guerra, denuncia a la policía por apremios ilegales. “Hay irregularidades de todo tipo en el caso, y hasta parece una causa armada. A mi defendido dicen que lo encuentran debajo de una cama con un revolver 38. Es raro pensar que alguien que se esconde, y con la policía en la puerta de la vivienda, lo hace armado y no intenta deshacerse de aquello que lo puede comprometer. Además, a mi cliente lo golpearon. Fue tal la paliza que el día de la rueda de reconocimiento no pudo hacerla porque tenía el rostro lleno de moretones”. Por otra parte, el abogado explicó que “otras de las cosas que me llaman la atención es que habiendo gente a metros de donde se hacía el operativo fue justo el subsecretario de Protección Ciudadana el que salió de testigo. “Cerraron la puerta de la casa con el comisario y llevaron adelante el procedimiento con López como testigo. Tampoco sabemos de qué manera y quién llevó el revolver desde el lugar del operativo hasta la comisaría. Todo muy extraño. Alguien tiene que dar explicaciones por lo que pasó”, sentenció el profesional en un contacto con este diario.
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