“Antes que nada, queremos que sepa que desde el Gobierno nos hemos planteado el desafío de generar un marco de políticas públicas y acciones que den confianza de que se puede desarrollar una minería con cuidado del ambiente y de las comunidades para transformarla en un importante aporte al bien común de la Argentina. Estamos trabajando fuertemente y coordinados entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Energía y Minería y, a su vez, en un diálogo federal a través de los Consejos Federales de Ambiente y de Minería. Con respecto a su correo, le contamos las medidas que ha tomado el gobierno de la provincia de San Juan en relación al incidente y cómo venimos trabajando desde el nuevo Ministerio de Ambiente de la Nación”. Así comienza la contestación que el gobierno de Mauricio Macri le envió al doctor Horacio Sansosti quien había elevado sus inquietudes sobre la minería. Según la Casa Rosada, la autoridad administrativa de San Juan aplicó a la empresa Barrick Gold una multa de 145 millones de pesos por la negligencia que provocó el incidente y exigió medidas de adecuación que están en curso de ejecución. El derrame está siendo investigado por un juez provincial que ya procesó a nueve gerentes de la empresa. Y también por el juez federal Sebastián Casanello, a quien la Corte Suprema indicó el jueves pasado que su investigación debía limitarse a lo que hicieron o no hicieron los ex secretarios de Minería y de Ambiente de la Nación. Ninguno de los estudios técnicos de los organismos científicos que hasta hoy evaluaron el incidente (Instituto Nacional del Agua, UNOPS de Naciones Unidas, Universidad Nacional de Cuyo) indicó que hubiera, hasta el momento, efectos en la salud humana, ni tampoco la posibilidad de una contaminación inter-jurisdiccional. Es bueno aclarar que la ciudad de Jáchal no consume agua de la cuenca del Río Jáchal, porque éste se encuentra históricamente “contaminado de forma natural”, sobre todo con boro, arsénico y sulfatos”, se indicó.