La semana que viene la Municipalidad de Balcarce se presentará ante la Fiscalía General para pedir se investigue el supuesto pago de sobreprecios en la obra pública local que fue financiada con fondos del gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido y el ahora tristemente célebre José Francisco López, subsecretario de Obras Públicas y coordinador de una operatoria generada –según lo que investiga la justicia- para desviar fondos y pagar sobreprecios a empresas privadas que eran parte de la maniobra. En ese contexto, el documento que elaboró la comuna y que será presentado ante la justicia figuran obras como una parte de la guardia del Hospital Municipal y el playón del CIC 2 (en este último caso desapareció el expediente de la obra),  no concluido, pero abonada en su totalidad, y otras menores que fueron realizadas bajo un sistema que permitía anticipos en efectivos y certificaciones que, pocas veces, coincidían con la realidad. Lo que creen quienes investigaron estas obras es que, como a nivel nacional, se pagaron sobreprecios y pedirán ahora, y ya formalmente, se investigue si efectivamente existieron. “Hay datos y números muy sospechosos. No somos nosotros quienes debemos determinar si se cometió un delito, aunque tenemos elementos para suponer que ocurrieron. Ese es el trabajo de la justicia y por eso vamos a hacer la denuncia como corresponde”, le confió a La Vanguardia una fuente del Ejecutivo Municipal. En el gobierno de Cambiemos creen que esta operatoria, que ahora se desnudó a nivel nacional con el caso José López, quien fue detenido cuando intentó esconder en un monasterio 9 millones de dólares,  era parte de un sistema aceitado de corrupción en el Estado. Los planes de obras públicas, financiados por la Nación, generaban desembolsos de dinero que iban a la cuenta de la Municipalidad. Luego llegaba un coordinador del Ministerio de Planificación Federal –enviado por López- que certificaba las obras en la ciudad y habilitaba así el pago de obras que en realidad se encontraban en un porcentaje inferior al que figuraba en las planillas oficiales. Ese “favor” era respondido –según los propios empresarios- con un 15 % de lo que recibían por cada certificación. “Era la única manera en la que se podía trabajar con el Estado”, aseguró una fuente del sector consultada por este diario. En su momento la UOCRA había denunciado la connivencia entre empresas y funcionarios que derivó en un escándalo tras la usurpación de terrenos donde debería haber barrios terminados.

La punta del iceberg. El 22 de julio de 2004 el presidente Néstor Kirchner fue quien lanzó formalmente el Plan Federal de Viviendas, que contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales, con una inversión cercana a los 3900 millones de pesos y la creación de unos 360.000 puestos de trabajo en todo el país, bajo la coordinación del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, y de José Francisco López ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación que fue detenido hace dos semanas cuando intentaba esconder 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.  Por medio de la firma de un convenio marco entre la Nación y las provincias, el ambicioso plan apuntaba a reducir fuertemente el déficit habitacional que afectaba a una importante franja de la población, fortalecer la reactivación económica y buscaba contribuir a bajar los elevados índices de desempleo. El plan preveía la construcción de 48.000 viviendas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, 8200 en Patagonia Sur, 5800 en Patagonia Norte, 12.000 en Cuyo, 15.000 en el Noroeste, 13.000 en el Noreste y 18.000 en la región Centro. A partir de aquel anuncio, Kirchner precisó que se abría un proceso licitatorio que iba a tardar entre 60 y 90 días", previo al arranque de las obras, e instó a los mandatarios provinciales y municipales a aportar su parte "para conseguir rápidamente las tierras" para construir las viviendas. En Balcarce los seis barrios que se construyeron quedaron a mitad de camino, uno fue usurpado, y otros no cuentan ni siquiera con los servicios. El 1 de octubre de 2009 –cinco años después del anuncio oficial- el ex intendente José Luis Pérez fue categórico al mencionar que existían más de 7 millones de pesos del Plan Federal de Viviendas que no se sabían dónde estaban. Habló también por primera vez de “sobre certificación” de obras, y de irregularidades en el pago de los terrenos lo que dio inicio a investigaciones que llevó adelante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del doctor Eduardo Amavet y que, por otras denuncias,  luego continuó el doctor Javier Pizzo de la UFI N° 10 quien días atrás, incluso, requirió informes a la Municipalidad sobre los planes de viviendas.

Dos causas. El 3 de enero de 2008 se elevó al administrador del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un informe sobre la visita de obras de los programas federales en Balcarce, donde se dejó expresamente asentado que “se ha podido advertir que el avance que registran algunos ítems de los certificados no se corresponde con lo ejecutado en obra, existiendo en consecuencia, de acuerdo a lo observado, una sobrecertificación de los trabajos”, por lo que el gobierno nacional dejó de financiar ese plan. Paralelamente estaba en marcha otro plan con el respaldo y el asesoramiento del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires a partir de un convenio con la comuna. En este caso en particular el fiscal Pizzo tendría dudas sobre el real destino de $1.310.000.- Desde la Fiscalía confirmaron que no se trata de la causa del Plan Federal que, según resumieron, está en una etapa aún “embrionaria”. No obstante, no descartaron que en algún punto las causas encuentren puntos en común.