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Sociedad

Exclusivo: Tarifa social eléctrica: aparecen ex funcionarios, ex concejales y empresarios
01-05-2016 Es la lista de beneficiarios que oficializó el Ministerio de Energía. Es para hogares pobres o de bajos recursos, pero en el listado oficial al que tuvo acceso La Vanguardia aparecen ex intendentes, funcionarios, ex concejales y empresarios. Foto: archivo.
En medio del anuncio de los fuertes aumentos en la luz y el gas, el gobierno de Mauricio Macri decidió morigerar ese impacto ampliando el número de usuarios que eventualmente pueden acceder a la denominada tarifa social. A este beneficio pueden acceder todos aquellos vecinos incluidos en programas sociales, y jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional, lo que implica 8.598,12 pesos vigentes hasta febrero de este año. También pueden  acceder al beneficio trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos salarios mínimo, vital y móvil, es decir 12.120 pesos, personas con discapacidad, contribuyentes inscriptos en el monotributo social, empleados del servicio doméstico y personas que cobren seguro de desempleo. El nuevo cuadro tarifario comenzó a aplicarse a los consumos de energía eléctrica desde el primero de febrero, y se verá reflejado en la facturación de la distribuidora que llegará en breve. La tarifa social permite  a los usuarios beneficiarios un consumo de hasta 150 kw por mes sin cargo, y el excedente hasta 300 kw al costo de energía con el mismo subsidio vigente hasta la readecuación tarifaria, en tanto que a partir de los 301 kw regirá la nueva tarifa plena. Sin embargo, y según un informe al que tuvo acceso La Vanguardia, en el listado de beneficiarios que oficializó el gobierno nacional para Balcarce figuran personas que tienen más de una propiedad, flota de autos cero kilómetro, dueños de empresas, propietarios de campos y grandes extensiones de tierra, ex funcionarios, ex concejales y hasta un ex intendente de Balcarce. Si bien el Ministerio de Energía y el OCEBA habían sido tajantes respecto de que los usuarios que quedaban excluidos de la tarifa social eran  "todos aquellos que sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 15 años de antigüedad o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo", esa regla no se cumple en el listado al que accedió en exclusiva este diario. A partir de la declaración de la Emergencia Energética del Sistema Eléctrico, el Gobierno inició en diciembre "un largo proceso para la normalización de la situación eléctrica en todo el país" con el objetivo final de "mejorar el servicio que reciben los usuarios, incentivar las inversiones de las empresas del sector y cuidar a las familias de bajos ingresos". Así, y en ese contexto, llegó a Balcarce un primer relevamiento de mil usuarios que podían acceder a la tarifa social y luego se amplió ese listado hasta el último que se oficializó esta semana de 3800 usuarios. En ese marco, el comunicado destacó que "las medidas adoptadas son el recorte de los subsidios a la generación de energía y la eliminación de aquellos destinados a la distribución de electricidad". Fuentes consultadas por La Vanguardia, destacaron que del listado el 70 % ha sido mal incluido, aunque no se hace la diferenciación de quien lo solicitó y efectuó el trámite y a quienes se les otorgó de manera automática, un mecanismo previsto por la disposición, otras de las posibilidades que existen.                                                                                                                             
Fallas                                                                                                                                       Es evidente que en el listado confeccionado por las autoridades hay groseras fallas probablemente vinculadas al entrecruzamiento de datos entre el gobierno, la ANSES y la AFIP, entre otros organismos públicos. De otra manera no se entiende cómo empresarios locales figuran en esa lista de beneficiarios que, de confirmarse y de no renunciar quienes eventualmente hayan sido mal incluidos, pagarán menos por la luz que el común de los vecinos de la ciudad.  Asimismo este diario pudo saber en otras fuentes que trabajan sobre el tema, que se presentaría en las próximas horas un recurso administrativo por parte de la Cooperativa de Electricidad declarando nulo y viciado ese informe y se propondría la conformación de una comisión que analice e investigue la inclusión de cada uno de los beneficiarios ya que si sólo se tiene en cuenta el informe que se entregó, miles de balcarceños de bajos recursos quedarían al margen de un beneficio que, justamente, fue creado para atender la necesidad de los más humildes. 
 
La lista                                                                                                                                     El listado que oficializó el Ministerio de Energía y que en las próximas horas llegará a manos del intendente Esteban Reino y las autoridades de la Cooperativa de Electricidad, es concluyente y sorprendente. El primero de la lista es un conocido escribano de la ciudad que cuenta con varias propiedades a su nombre, al que se suma otro de renombre en el distrito, y hasta un abogado vinculado a la Fundación Fangio,  además de dos ex funcionarios de la administración Echeverría. También figura un ex piloto de TC, empleados de la propia Cooperativa, dirigentes agropecuarios de la Sociedad Rural y ex concejales, un ex presidente del Concejo Deliberante  y uno ex edil de la UCR que también fue varias veces candidato a intendente, además de un ex intendente radical.  En la lista aparecen también incluidos presidentes de instituciones de servicios, dueños de campos, empresarios agropecuarios, y un abogado referente de una ONG que trabaja sobre los derechos humanos. Asimismo, figuran dirigentes de la Cámara de Comercio, con actividad comercial activa, y vecinos que tienen claramente más de una propiedad a su nombre. “Esto es un bochorno”, indicó una fuente que tomó contacto con el listado. En algunos casos se indica que se les otorgó la tarifa por “tener un vehículo mayor a 15 años o por poseer una única vivienda”, cuestión que, claro está, no coincide con el informe y mucho menos con la realidad. 
 
La nota completa en la edición impresa.  
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