Hace cinco años se producía en Balcarce uno de los crímenes más violentos que recuerde la crónica policial. El 21 de diciembre de 2010 Julieta Moschetto era asesinada de más de veinte  puñaladas en su casa, mientras su familia estaba de viaje. Por el hecho fue detenido Gastón Alegre de 21 años, albañil conocido de la víctima, quien dos años después fue condenado a prisión perpetua en el marco de un juicio realizado en los tribunales de la ciudad de Mar del Plata. Cuando la familia intentaba cerrar una etapa –seguramente la más dolorosa- otro fallo de la justicia, en este caso del Tribunal de Casación, sacudió a todos. Los jueces que integran ese cuerpo decidieron aceptar un pedido del abogado de Alegre, el doctor Osvaldo Verdi, y redujeron la pena del asesino de Julieta a 18 años, fallo que fue apelado. Uno de los jueces que firmó la reducción de la pena fue el doctor Horacio Piombo, juez de Casación Penal, quien esta semana protagonizó un verdadero escándalo al reducir la pena de un hombre acusado de violar a un niño, al considerar que el menor ya había sido víctima de ese delito. Piombo cuenta en su haber con una extensa lista de casos en los que el condenado recibe un beneficio. En 2004, el magistrado de la Cámara de Casación Penal bonaerense, junto a los Jueces Carlos Ángel Natiello y Benjamín Ramón Sal Llargués, absolvió a un joven de 20 años que había sido condenado por tener relaciones con una niña de 13, porque consideró que la víctima ya tenía experiencia sexual previa. Similar fue el caso en 2006, año en el que redujeron la pena de un violador por su perfil de “sátiro” y “psicópata”. En aquella ocasión, los jueces tomaron en cuenta los informes psiquiátricos, en los que se afirmaba que el condenado sufre “una alteración de la personalidad con rasgos psicopáticos perversos”, y determinaron que la condena de 17 años de prisión sufra una reducción de 3 años. Cinco años más tarde, Piombo y Sal Llargués pusieron la firma para reducir la condena de 24 a 16 años de prisión a un hombre que había sido condenado por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por el vínculo en perjuicio de sus hijas. Ahora cada vez se complica más la situación de los camaristas que firmaron el expediente. El jueves el Consejo de la Magistratura bonaerense separó de la nómina de “expertos consultores” al juez Benjamín Sal Llargués. Horacio Piombo, el otro camarista que firmó el fallo del escándalo y redujo la pena del asesino de Julieta Moschetto, fue separado de su cargo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, por los mismos motivos. Ambos funcionarios judiciales están sometidos a un juicio político, aunque por otro fallo polémico: fue en el caso Avalos, donde redujeron la pena a un pastor acusado de violar y dejar embarazada a dos adolescentes a quienes les decía que “se terminaba el mundo”. Resolvieron bajar de 18 a 9 años y siete meses la pena porque argumentaron que “tener relaciones con mujeres que viven en comunidades donde el nivel social acepta relaciones a corta edad no resulta un quehacer aberrante y repulsivo que hiera la integridad sexual”. La semana próxima se reuniría el jurado y podrían disponer la suspensión preventiva de los camaristas. Y hay otros contratiempos para los magistrados: el presidente de la Universidad de La Plata, Raúl Perdomo, anunció que en la próxima sesión del Consejo Superior se analizará un juicio académico contra Piombo. “Debe ser separado de la cátedra que dirige porque su actuación judicial va contra los valores que representa esta Universidad”. Piombo es profesor titular de Derecho Internacional Privado. La facultad de Ciencias Jurídicas estuvo dos días tomada por estudiantes. Ayer las agrupaciones de alumnos marcharon hasta el Rectorado y levantaron la toma al obtener el compromiso de que se hará el juicio académico.