Mientras los aumento en las boletas del gas siguen llegando con montos que, en algunos casos, cuadriplica lo que los usuarios pagaron en igual periodo del año pasado, se espera con expectativa la resolución de la justicia en torno a una presentación cautelar realizada por ACUBA,  Asociación Defensa de Consumidores, a la que se sumaron distritos como Balcarce, en este caso por una gestión del actual presidente del Concejo Deliberante, Esteban Reino. En ese contexto, el abogado Federico Álvarez Larrondo aseguró a La Vanguardia que  “la definición de la justicia puede ser importante no por lo que pasó, sino por los aumentos que recibirán los usuarios en los próximos meses”. Recordó el profesional que “en el año 2009 la producción del gas estaba casi en su totalidad en manos extranjeras. Como el gobierno no tenía injerencia porque tenían precio libre por ley, lo que hizo fue hacer acuerdo de precios con los productores. En 2008 como estas reservas iban cayendo y no alcanzaba para abastecer el mercado interno la decisión fue importar, y ahí crea el cargo fiduciario con el cuál intenta juntar el dinero para tener los 9.000 millones de dólares para traer el gas desde afuera”. Pero todo el cambio, insiste Larrondo, se desencadena a partir de la expropiación de YPF: “en 2012 la historia cambia radicalmente cuando se expropia la empresa productora de gas que tenía YPF. El Estado dice que tienen que ir hacia el autoabastecimiento y esa mecánica los lleva no a quitar subsidios, sino a confirmar lo que se había comprometido en el período 2004-2007”. Y agrega un dato clarificador sobre las categorías de usuarios. “En el año 2008 a los usuarios se los dividió en 8 categorías, una ilegalidad ya que se lo planteó desde el consumo. Lo que se rompe este año es la lógica entre estas categorías. Los usuarios que están en la categoría más alta que es la R-3-3 y R-3-4, que pagaba por metro cúbico 22 centavos hoy lo pagan 1,58; ese es el salto que da el precio”, remarcó Álvarez Larrondo. “La distorsión es también que se utiliza un criterio ilógico porque se usan los mismos parámetros para Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Balcarce o Mar del Plata cuando tenemos condiciones climáticas distintas. Lo que pasa con este tipo de medidas es que terminamos subsidiándonos entre todos, algo que la ley dice expresamente que no se puede hacer”, advirtió el abogado.

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