Diario La Vanguardia

Sistema perfectible

Por: Emiliano Zuazquita / Subdirector del Diario La Vanguardia

Como se sabe, el Poder Judicial es un pilar fundamental para la convivencia y una garantía para vivir en democracia, siendo éste el encargado de controlar a los otros dos poderes dentro del sistema republicano de gobierno. San Agustín decía: "Justicia es dar a cada uno lo suyo" y para que pueda plasmarse en los hechos este concepto, es necesario e imprescindible que tengamos una justicia realmente independiente del poder político. Los jueces y fiscales deben acatar únicamente las órdenes de su conciencia y de lo que indica el derecho que es el conjunto de normas jurídicas que rigen la convivencia dentro de una determinada comunidad, estableciendo derechos y obligaciones para los ciudadanos, precisamente para lograr que esa convivencia sea armónica y con equidad.
Los gobernantes, y la clase política en general, deben actuar con grandeza, pensando en el bienestar del pueblo y no con intereses mezquinos y partidarios. Los dirigentes desde su lugar deben, por su condición, trabajar para que la justicia sea independiente, condenando cualquier acto que pueda suponer la influencia política en la decisión de un juez.
Ahora bien, tal vez quienes en Balcarce sistemáticamente critican a la justicia por proteger los derechos de los delincuentes no estén acaso pidiendo que el Estado asuma otro rol respecto del tema, sino que las leyes sean más severas con los que violan la ley. En este sentido, también habría que exigir cárceles “sanas y limpias” como marca la Constitución.
Si se piensa que el 90 por ciento de los delitos que se cometen en Balcarce son excarcelables, difícilmente se pueda imaginar a los delincuentes presos, aunque si procesados. Por eso el tema es mucho más profundo de lo que parece. No solamente la justicia debe dar respuestas, sino también los legisladores impulsando reformas que protejan más a las víctimas y castiguen más duramente a los delincuentes, y la sociedad reclamando que esto se concrete.   
Como ciudadanos existen, por supuesto, infinitas razones por las que reclamar una reforma de un sistema imperfecto o en todo caso perfectible que, a pesar de todo, parece intentar dar respuestas.
Más allá de estas limitaciones, la sociedad interpreta cabalmente aquel concepto que menciona que todos, aún los peores delincuentes, tienen derechos que deben ser respetados incondicionalmente, más allá de lo significa el enojo y la frustración de las personas que, a diario, son víctimas del delito.
Si queremos una Justicia justa, pidamos las reformas necesarias para no sentirnos indefensos. Esa es la sensación más terrible y más destructiva que podemos llegar a tener como sociedad. Allí comienza la desconfianza hacia nuestros dirigentes y hacia las instituciones. Las leyes existen y deben cumplirse más allá de las libres interpretaciones. Y la Constitución Nacional y Provincial contienen  artículos que garantizan los derechos de las personas: al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la información y por supuesto a la justicia.
Así, la falta de seguridad se opone claramente al respeto de los derechos humanos. Garantizar la vigencia de esos derechos, y reclamar que los que roban, asaltan, violan o  matan sean condenados es una obligación de todos.
En el análisis general, las pocas respuestas y las escasas certezas no arrojan todavía suficiente luz para entender cómo funcionan las leyes en nuestro país o por qué decisiones arbitrarias siguen alimentando la cultura de la ilegalidad, en lo que constituye, sin dudas, un pésimo ejemplo para nosotros mismos y para las generaciones que vendrán.

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